Medio Ambiente & Sostenibilidad

"¡Por fin nuestro angiógrafo ya está funcionando!" La exclamación del presidente del IPS, Isaías Fretes, tiene algo de alivio acumulado — y algo de deuda saldada con quienes esperaron. El tono, más cercano al festejo de una victoria personal que al comunicado institucional, reveló sin quererlo cuánto tiempo estuvo ese equipo paralizado y cuánta presión existió para que volviera a operar. Uno imagina los pasillos del IPS durante ese período: pacientes derivados a clínicas privadas que no podían costear, familias que viajaban horas hasta Asunción para descubrir que el turno se postergaba otra vez, cardiólogos que explicaban con voz cansada que el equipo "estaba en reparación" sin saber cuándo terminaría esa reparación. Un angiógrafo fuera de servicio en la principal institución de seguridad social del Paraguay no es una anécdota burocrática: es el punto donde la debilidad del sistema público se traduce en vidas postergadas, en catéteres que no se colocan, en infartos que no se diagnostican a tiempo.

Pero la crónica institucional no debería terminar con el anuncio de Fretes. Debería empezar ahí. Porque lo que falta en el comunicado oficial es el contexto epidemiológico que explica por qué la sala de hemodinamia del IPS trabaja al límite de su capacidad, con listas de espera que a veces se miden en meses. La literatura científica establece con firmeza que la contaminación del aire es un factor de riesgo cardiovascular de primer orden: inflamación vascular, aceleración de la aterosclerosis, arritmias, trombosis. No es una hipótesis de laboratorio; es el mecanismo que opera cada vez que el humo de una quema agrícola ingresa por la ventana del bus en Asunción, o que cubre el horizonte del Chaco durante la temporada de incendios. El corazón no distingue entre el humo industrial y el humo del campo: lo que llega al torrente sanguíneo llega, y deja marca.

En el departamento de Alto Paraná, donde resido y donde reporteo, la quema de caña de azúcar, los residuos agrícolas y la deforestación activa generan columnas de humo que en días críticos tiñen el cielo de un gris sucio desde el amanecer. Ese material particulado fino —el llamado PM2.5, invisible al ojo pero decisivo para el endotelio arterial— no se queda en los pulmones: migra al torrente sanguíneo y, con años de exposición acumulada, sienta las bases para el tipo de enfermedad coronaria que termina en una mesa de hemodinamia. Hay algo perturbador en esa cadena silenciosa: el productor que quema su rastrojo, el viento que lleva las partículas hacia el pueblo, el vecino que las respira durante décadas sin saberlo, y finalmente el médico que le dice que necesita una angioplastia. La línea entre el campo que arde y el paciente que necesita ese angiógrafo es más corta de lo que sugiere el sentido común.

"¡Por fin nuestro angiógrafo ya está funcionando!" — Isaías Fretes, presidente del IPS, anunciando la reactivación del equipo de hemodinamia de la institución.

La declaración de Fretes merece ser celebrada en sus propios términos: recuperar la operatividad de un equipo de alta complejidad en el sector público paraguayo es una batalla burocrática y logística genuina, y sería injusto minimizarla. Uno entiende el alivio. Uno entiende también la esperanza cautelosa con la que el asegurado paraguayo recibe este tipo de anuncios — esa mezcla particular de querer creer y no terminar de creerlo, forjada por años de promesas que se diluían en el trámite, en la derivación, en el "vuelva la semana que viene". El angiógrafo que funciona no borra esa historia, pero abre una posibilidad concreta. Y eso importa. Lo que también importa es ir más lejos: ¿cuál es el perfil de los pacientes que pasarán por ese equipo? ¿Cuántos vienen de zonas rurales con alta exposición a agroquímicos y quemas? ¿Cuántos son trabajadores del campo que nunca asociaron su diagnóstico con el humo que respiraron durante décadas? Esos datos existen —o deberían existir— en los registros del IPS, y su análisis transformaría un anuncio político en política pública basada en evidencia.

El problema estructural que el angiógrafo expone no es solo de presupuesto ni de gestión. Es un problema de modelo: Paraguay invierte en reparar corazones dañados mientras continúa deteriorando las condiciones ambientales que los dañan. Las quemas agrícolas siguen siendo toleradas como práctica rutinaria. La red de monitoreo de calidad del aire es fragmentaria. Los estándares de emisiones vehiculares no se actualizan con la velocidad que la flota contaminante requiere. Cada peso invertido en hemodinamia sin una política paralela de reducción de contaminantes es, en términos de salud pública, un gasto que se autoreproduce.

El angiógrafo del IPS funciona. Es una buena noticia. Pero la mejor noticia —la que todavía no tenemos— sería un Estado paraguayo que mida sistemáticamente la carga de enfermedad cardiovascular atribuible a la contaminación ambiental, y que use esa evidencia para justificar regulaciones más estrictas sobre las fuentes de emisión que hoy nadie quiere tocar. Hasta entonces, los técnicos de hemodinamia seguirán siendo la última línea de defensa de un sistema que no se decidió aún a pelear en el frente correcto.

Desde Ciudad del Este, cubriendo la frontera donde el ambiente y la política se tocan con la brutalidad de lo cotidiano, hay denuncias que no se pueden reportar en frío. La del diputado Rubén Rubín del martes pasado es una de ellas.

"¿Cuánto vale la vida de los paraguayos para la clase política tradicional? Al parecer vale lo mismo que una vaca, porque eso es lo que pretende hacer este congreso. Este congreso pretende elevar las penas por abigeato a 15 años, pero el asesino de Fernanda tendrá una pena máxima de 8. Estamos todos locos."

Rubín no estaba siendo retórico. Estaba describiendo, con una precisión que duele, la arquitectura moral del Estado paraguayo. Un Estado donde el ganado —la propiedad del terrateniente— pesa más en la balanza de la justicia que el cuerpo de una mujer asesinada.

Para entender esto desde el territorio, hay que comprender qué es el abigeato en Paraguay. No es un delito abstracto. Es la amenaza histórica al poder real de este país: los latifundistas ganaderos, los dueños de miles de hectáreas en el Chaco y en la región oriental, los mismos que durante décadas han financiado campañas políticas, negociado leyes y convertido el Congreso en una extensión de sus intereses. El abigeato —el robo de reses— es un ataque a su capital. Y el capital, en Paraguay, tiene derecho penal propio.

Fernanda, en cambio, era una persona. Una mujer. Y según el propio Rubín, su asesino —en el marco legal vigente y proyectado— enfrentaría una condena máxima de 8 años. Menos de la mitad de lo que se contempla para quien roba una vaca.

La rabia que expresó el diputado en esa banca no es solo su rabia. Es la rabia acumulada de miles de mujeres paraguayas que saben, en el cuerpo, que el sistema no las protege. Que saben que denunciar no sirve, que la Justicia llega tarde o no llega, que el femicida —si es conocido, si es vecino, si tiene contactos— tiene más chances de salir a caminar por la calle que de cumplir una pena real. Esa desconfianza no es paranoia: es memoria colectiva construida sobre casos concretos, sobre impunidades reales, sobre expedientes archivados y penas que no se cumplen.

La tierra define quién tiene derechos en Paraguay. Eso no es una metáfora: es la estructura del poder. La ganadería extensiva —modelo que avanza sobre bosques, sobre comunidades indígenas, sobre pequeños productores— genera también una cultura política donde la propiedad es sagrada y la persona es prescindible. Cuando ese modelo influye en la redacción de las leyes penales, el resultado es lo que describió Rubín: una pirámide invertida donde el robo de ganado merece más años de cárcel que matar a una mujer.

"Yo creo firmemente que asesinos y violadores tienen que estar aislados de la sociedad. Creo firmemente que si no es perpetua, asesinos y violadores no es justicia. Pero equiparar abigeato con una potencial condena por asesinato o violación es una locura. Se distorsiona todo, es un insulto a nuestras mujeres, es un insulto a la vida de los paraguayos."

Rubín tiene razón en el diagnóstico. El problema es que este no es un accidente legislativo ni un error de redacción. Es el resultado lógico de un Congreso que, durante décadas, ha representado a sus financiadores antes que a su población. Los ganaderos no necesitan lobbistas sofisticados en Paraguay: ellos mismos son el Estado, o tienen acceso directo a quienes lo son.

Desde aquí, desde el Este, donde la deforestación avanza de la mano del mismo modelo ganadero y donde las comunidades más vulnerables son siempre las que menos protección legal reciben, la ecuación es visible. La tierra vale más que la vida. El ganado vale más que la mujer. Y el Congreso, ese martes, estaba a punto de escribirlo en el Código Penal.

Que un solo diputado se haya levantado a gritar que estamos todos locos no es suficiente. Pero que lo haya dicho en voz alta, sin eufemismos, con la indignación sin procesar que merece la situación, es al menos un registro. Una prueba de que alguien, ese día, vio con claridad la jerarquía del dolor que este sistema propone: primero el ganado, después —si queda tiempo— la persona.