Política Nacional

Hay declaraciones que, al ser analizadas, se vuelven contra quien las pronuncia. La frase de Fretes no es un parte de victoria: es, involuntariamente, un parte de derrota institucional. Un angiógrafo — equipo indispensable para diagnósticos y tratamientos cardiovasculares de alta complejidad — no debería ser motivo de celebración pública en una institución que recauda cientos de miles de millones de guaraníes anuales en aportes de trabajadores formales. Debería ser, simplemente, parte del inventario operativo de rutina.

"¡Por fin nuestro angiógrafo ya está funcionando!" — Isaías Fretes, presidente del IPS, junio de 2026.

El "por fin" es la palabra que no miente. En esa locución adverbial habita toda la historia del IPS: la historia de los equipos que llegan tarde, de las licitaciones que se demoran, de los pacientes que son derivados al sector privado porque la institución que debería atenderlos no tiene los medios para hacerlo. El IPS acumula décadas de denuncias por gestión deficiente, desvíos en contrataciones, equipos inoperativos y listas de espera que se miden en meses. El angiógrafo no es una excepción al sistema; es su síntoma más reciente.

Desde una perspectiva de análisis político, la declaración de Fretes debe leerse en su contexto de gestión. El gobierno de Santiago Peña heredó una institución históricamente vapuleada y apostó por una narrativa de modernización y eficiencia del Estado. En ese marco, cada avance — por modesto que sea — se convierte en herramienta de comunicación institucional. Anunciar que el angiógrafo funciona no es solo informar: es construir un relato de gestión, fijar un hito, intentar que la ciudadanía perciba movimiento donde durante años solo vio parálisis. La pregunta legítima es si ese relato resiste el escrutinio.

La hemodinamia es el conjunto de procedimientos que estudian y tratan enfermedades del corazón y los vasos sanguíneos mediante técnicas mínimamente invasivas. En Paraguay, las enfermedades cardiovasculares son una de las principales causas de muerte. Que el IPS haya tenido interrupciones en esta capacidad diagnóstica y terapéutica no es un dato técnico: es un dato político de primera magnitud. Habla de prioridades presupuestarias, de la cadena de decisiones que dejó sin funcionamiento un equipo crítico. Y habla, sobre todo, de personas: del asegurado que llegó a la guardia con dolor en el pecho y tuvo que ser derivado al privado sin certeza de poder pagarlo; del familiar que esperó horas en un pasillo del IPS mientras le explicaban, sin mucha explicación, que el equipo "no está disponible". El período de inoperatividad que la exclamación de Fretes, sin querer, confirma no fue un intervalo burocrático. Fue tiempo real vivido por gente real, con urgencias reales que no esperan licitaciones.

La credibilidad institucional del gobierno en materia de salud previsional no se construye con anuncios entusiastas. Se construye con continuidad de servicios, con equipos que nunca dejan de funcionar, con tiempos de espera razonables y con auditorías transparentes. Y se construye también con algo más difícil de medir: con la sensación, en los pasillos del hospital central del IPS, de que la institución está de tu lado. Esa sensación hace tiempo que no abunda. El asegurado paraguayo ha aprendido a desconfiar con elegancia: a agradecer el turno médico que consiguió sin dejar de saber que el próximo puede no llegar, a escuchar el anuncio del equipo nuevo con una mezcla de alivio y escepticismo que es, en sí misma, una forma de sabiduría colectiva acumulada en años de promesas incumplidas. Mientras el presidente del IPS celebre como logro lo que debería ser normalidad, esa distancia entre la institución y sus asegurados seguirá siendo medida no en kilómetros sino en expectativas que no terminan de cumplirse. El angiógrafo funciona hoy. La pregunta que Fretes no respondió es cuánto tiempo estuvo sin funcionar, por qué, y quién es responsable de ese intervalo.

El desafío para Fretes no es haber anunciado la noticia — cualquier funcionario comunicaría un avance. El desafío es que la frase elegida para anunciarlo revela más sobre el estado real de la institución que cualquier informe de gestión. En política, a veces la mayor transparencia no viene de los informes oficiales sino de los signos de exclamación.

Asunción, 2 de junio de 2026. El Congreso paraguayo sesionaba con la normalidad burocrática de siempre cuando el diputado Rubén Rubín tomó la palabra y dijo lo que muchos pensaban pero pocos se atrevían a articular con tanta claridad brutal. Su pregunta no era retórica. Era una acusación.

"¿Cuánto vale la vida de los paraguayos para la clase política tradicional? Al parecer vale lo mismo que una vaca, porque eso es lo que pretende hacer este congreso."

Lo que describe Rubín no es un error legislativo ni un descuido técnico. Es una jerarquía de valores que el Congreso paraguayo lleva décadas perfeccionando en silencio. La propuesta de elevar a 15 años la pena por abigeato —el robo de ganado— mientras el asesino de Fernanda podría recibir un máximo de 8 años no es una anomalía del sistema: es el sistema funcionando exactamente como fue diseñado.

Para entender esto hay que recordar quiénes construyeron ese sistema y para quiénes lo construyeron. Paraguay es un país donde la tierra y el ganado han sido históricamente el núcleo del poder político. Las familias que dominaron la economía agraria durante generaciones también dominaron los parlamentos, los partidos, las fiscalías. El abigeato no es solo un delito en ese imaginario: es una afrenta al orden social, al patrimonio de quienes mandan. Por eso tiene lobby. Por eso tiene urgencia legislativa. Por eso tiene números.

Fernanda, en cambio, no tenía lobby. Tenía su vida, que le fue arrebatada. Y ahora tiene a un sistema judicial que, según la denuncia de Rubín, tasaría esa vida en menos años de cárcel que los que correspondería por robar una res.

"Estamos todos locos. Se pretende elevar a 15 años el abigeato, pero el asesino de Fernanda tendrá una pena máxima de 8 años."

La rabia en las palabras del diputado es legítima, pero también es un espejo. Refleja la rabia que llevan años acumulando las mujeres paraguayas: la sensación de que el Estado no las protege, de que sus cuerpos no importan, de que cuando gritan no las escuchan, y que cuando mueren tampoco. Esa sensación no es paranoia. Es una lectura política lúcida de un sistema que, en su propia aritmética punitiva, les dice cuánto valen.

Rubín fue más lejos y planteó lo que para él sería justicia real: "Creo firmemente que asesinos y violadores tienen que estar aislados de la sociedad. Creo firmemente que si no es perpetua, asesinos y violadores no es justicia." Se puede debatir el fondo de esa posición —el punitivismo tiene sus propias trampas— pero lo que no admite debate es la comparación que el propio proyecto de ley habilita. Porque la locura que denuncia Rubín no es la demanda de más años para los femicidas: es que el Congreso, en pleno 2026, esté más movilizado por proteger el ganado que por proteger a las mujeres.

¿Qué bloque político impulsa esta ley y por qué ahora? Esa es la pregunta que el escándalo mediático tiende a eludir. Los proyectos de agravación de penas por abigeato no nacen en el vacío: responden a presiones concretas de sectores ganaderos que tienen representación directa en ambas cámaras, que financian campañas y que entienden el Congreso como una extensión de sus intereses sectoriales. Que esa presión haya prosperado hasta el punto de superar en urgencia legislativa a cualquier proyecto de protección a las mujeres dice todo lo que necesitamos saber sobre la correlación de fuerzas reales dentro del Parlamento.

Lo que dijo Rubín en esa sesión ordinaria fue extraordinario no porque sea nuevo, sino porque fue dicho en voz alta, en el recinto, con nombres propios. "Es un insulto a nuestras mujeres, es un insulto a la vida de los paraguayos", remató el diputado. Y tenía razón. Pero los insultos, en política, rara vez se producen por accidente. Este fue deliberado, metódico y tiene apellidos.

Mientras tanto, las mujeres paraguayas siguen mirando un Congreso que discute años de cárcel con una calculadora que, al parecer, tiene una sola función: proteger lo que el poder siempre protegió.