Transparencia & Anticorrupción

El 1 de junio de 2026, el Instituto de Previsión Social reactivó su Servicio de Hemodinamia en el Hospital Central de Asunción. La noticia llegó acompañada de una declaración del presidente Isaías Fretes que, leída en contexto, resulta tan reveladora como incómoda:

"¡Por fin nuestro angiógrafo ya está funcionando!"

El entusiasmo del funcionario sería comprensible si se tratara de un logro extraordinario. No lo es. Un angiógrafo operativo en el principal hospital de la institución previsional más grande del país no es un logro: es una obligación básica hacia los asegurados que financian el sistema con sus aportes mensuales. Esas mismas personas que durante meses llegaron a la guardia del Hospital Central con el corazón fallando, escucharon que el equipo estaba roto, y tuvieron que buscar dónde ir con la desesperación que solo conoce quien espera un turno que puede ser el último.

Los hechos que rodean ese "por fin" son elocuentes. Los angiógrafos del IPS llevaban meses averiados. La institución debió activar un plan de contingencia y derivar pacientes cardíacos al Hospital de Clínicas mediante un convenio de emergencia, mientras sus propios equipos permanecían inoperativos. Hay que imaginar lo que eso significa en la práctica: una persona con síntomas de infarto en los pasillos del Central, la enfermera que explica que hay que trasladarse, la familia que no tiene cómo llegar al otro hospital, el tiempo que se consume mientras el músculo cardíaco no perdona demoras. La Superintendencia de Salud tuvo que emplazar formalmente al IPS para que adquiriera al menos cuatro equipos de angiografía digital —tres en el Hospital Central y uno descentralizado— fijando un plazo de seis meses. No fue una sugerencia: fue una orden regulatoria ante una falla sistémica. Y sin ese empuje externo, es razonable preguntarse cuánto más habría durado la parálisis.

La dimensión económica del asunto merece atención específica. Para reparar los angiógrafos averiados, el IPS invirtió aproximadamente G. 1.000 millones. Para adquirir tres nuevos equipos de última generación —proceso que ya se está licitando— la cifra asciende a G. 30.000 millones. Son números que, por sí solos, no dicen nada sobre irregularidades. Pero sí plantean preguntas legítimas: ¿por qué no se mantuvieron los equipos existentes antes de que llegaran a un estado de avería total? ¿Qué empresa o empresas ganaron las licitaciones anteriores de mantenimiento de equipos biomédicos? ¿Se cumplieron los contratos? La auditoría de la Superintendencia de Salud, que investiga precisamente la situación de los equipos médicos del IPS, debería dar respuestas concretas. Hasta ahora, esas respuestas no son públicas.

El historial licitatorio del IPS en materia de equipamiento médico es uno de los capítulos más opacos de las contrataciones públicas paraguayas. La institución maneja un presupuesto multimillonario y tiene una larga tradición de procesos de compra que terminan en sobreprecios, equipos que llegan tarde, equipos que nunca llegan, o equipos que llegan pero nadie sabe operarlos. En este contexto, el anuncio de una licitación por G. 30.000 millones para angiógrafos no puede recibirse con aplausos automáticos. Debe recibirse con escrutinio. ¿Quiénes serán los oferentes? ¿Cuál es el precio de referencia internacional para equipos equivalentes? ¿Hay empresas vinculadas a funcionarios actuales o pasados del IPS entre los posibles proveedores?

Fretes asumió la presidencia del IPS con un diagnóstico brutal: el área médica de la institución estaba quebrada. Usó esa palabra él mismo, en un informe que dejó en claro que la crisis no era coyuntural sino estructural. Esa honestidad diagnóstica es valorable —porque en Paraguay la costumbre institucional es negar hasta que el edificio se derrumba encima. Pero un diagnóstico sin responsables identificados es solo retórica. La crisis del servicio de Hemodinamia no ocurrió en el vacío: hubo gestiones anteriores que dejaron vencer contratos de mantenimiento, que no licitaron equipos a tiempo, que priorizaron otros gastos. Gestiones que festejaban inauguraciones con globos y banderas mientras los técnicos sabían que el equipo tenía los días contados. ¿Quién tomó esas decisiones? ¿Están siendo investigados? La reactivación del servicio no puede ser el punto final de la historia. Debe ser el punto de partida de una rendición de cuentas real.

Los medios confirmaron que la crisis dejó al menos una muerte vinculada a la falta de capacidad en Hemodinamia durante el período de parálisis. Una muerte que tiene nombre, que tiene familia, que tiene una silla vacía en alguna mesa de algún barrio de Asunción. Si esa muerte puede atribuirse directamente a la inoperatividad de los equipos, estamos ante una omisión con consecuencias penales, no solo administrativas. Porque el Estado no solo falla cuando hace mal: también falla cuando no hace lo que debe hacer, cuando deja que una máquina se rompa y nadie llama al técnico, cuando el presupuesto de mantenimiento desaparece sin explicaciones y nadie rinde cuentas. La celebración institucional de Fretes, legítima como alivio sanitario, no puede tapar esa sombra. El paraguayo que depende del IPS ya sabe demasiado bien lo que significa celebrar lo que debería ser normal. Celebra cuando hay medicamentos. Celebra cuando se atiende sin lista de espera de meses. Celebra cuando una máquina funciona. Esa resignación acumulada, esa costumbre de agradecer lo que es apenas una obligación, es la medida exacta del abandono al que fue sometido durante años. "Por fin" es una expresión de alivio. Pero para las familias que perdieron a un ser querido mientras el IPS buscaba quien reparara sus máquinas, ese "por fin" llega demasiado tarde.

Hay frases que deberían detener una sesión parlamentaria. Que deberían hacer que los micrófonos se apaguen y los diputados se miren entre sí con vergüenza. El martes 2 de junio de 2026, el diputado Rubén Rubín pronunció una de esas frases en la Cámara de Diputados del Paraguay, y la sesión continuó.

"¿Cuánto vale la vida de los paraguayos para la clase política tradicional? Al parecer vale lo mismo que una vaca, porque eso es lo que pretende hacer este congreso. Este congreso pretende elevar las penas por abigeato a 15 años, pero el asesino de Fernanda tendrá una pena máxima de 8. Estamos todos locos."

No es una metáfora exagerada. Es la descripción literal de un proyecto de ley que avanza en el Congreso paraguayo: una propuesta para elevar las penas por abigeato —el robo de ganado— a 15 años de prisión. En el mismo sistema legal, el hombre que mató a Fernanda puede recibir como máximo 8 años. La aritmética de este Parlamento dice que un animal vale casi el doble que una mujer paraguaya.

¿Quién escribe las leyes en Paraguay?

Esa es la pregunta que el periodismo de transparencia debe hacerse antes que cualquier otra. Cuando una ley se mueve rápido en el Congreso paraguayo, cuando tiene consenso silencioso y pocos detractores públicos, cuando nadie sabe exactamente quién la impulsó desde el primer borrador, hay que buscar el rastro del dinero. El proceso de elaboración de leyes en Paraguay es, en términos de transparencia, una caja negra. No existe un registro público accesible de quién redactó un proyecto, qué expertos fueron consultados, qué sectores participaron de reuniones informales con legisladores antes de que el texto llegara al hemiciclo.

El sector ganadero es uno de los más organizados y con mayor capacidad de lobby en Paraguay. No es un secreto: la Asociación Rural del Paraguay tiene décadas de influencia política documentada. Que una ley que protege específicamente el patrimonio bovino avance con relativa fluidez mientras la legislación sobre femicidio queda congelada en comisiones no es una casualidad estadística. Es la expresión de quién tiene acceso real al proceso legislativo y quién no.

El nombre que pesa

Rubín mencionó a Fernanda. Y ese nombre —sin apellido necesario, porque en Paraguay ya se sabe de quién se habla— carga con todo el peso de un sistema judicial que falló antes, durante y después del crimen. Las mujeres paraguayas conocen ese peso. No de forma abstracta: lo sienten cuando caminan solas, cuando calculan rutas, cuando deciden si denuncian o no, cuando sospechan —con razón histórica— que el Estado no las va a proteger.

La rabia que se siente al escuchar los números que citó Rubín no es irracional. Es la rabia de saber que el Estado jerarquiza vidas y que esa jerarquía tiene forma de ley. Quince años por una vaca. Ocho años por una mujer. Esa ecuación no es un error técnico de redacción legislativa: es la revelación de una escala de valores que muchos en el poder prefieren mantener implícita.

La transparencia que nadie ejerce

El problema no termina en el contenido de la ley. Termina —o mejor dicho, empieza— en el proceso. ¿Qué diputados firmaron el proyecto de abigeato? ¿Qué financiadores de campaña tienen vínculos con el sector ganadero? ¿Se realizaron audiencias públicas? ¿Se convocó a organizaciones de mujeres, a expertas en género, a víctimas de violencia, antes de aprobar cualquier modificación del Código Penal que afecta los delitos contra las personas?

En Paraguay no existe una cultura consolidada de declaración de intereses entre legisladores. Los congresistas no publican de forma sistemática sus reuniones con representantes de sectores privados. Las comisiones sesionan sin transmisión en vivo en muchos casos. El ciudadano que quiere saber quién realmente escribe las leyes tiene que cruzar información de fuentes dispersas, incompletas y a veces deliberadamente opacas.

Rubín terminó su discurso con una posición clara: "Yo creo firmemente que asesinos y violadores tienen que estar aislados de la sociedad. Creo firmemente que si no es perpetua, asesinos y violadores no es justicia." Se puede debatir esa posición. Lo que no se puede debatir es el diagnóstico central: equiparar la pena por robo de ganado con la pena por asesinato o violación es un insulto institucionalizado. Es el Congreso diciéndole a las mujeres paraguayas, con la fuerza de la ley, cuánto valen.

Y mientras esa ley avanza, nadie publica quién la redactó.