Recursos Naturales

Desde Concepción, donde el algodón y la ganadería extensiva definen la vida de miles de asegurados al IPS, la noticia del angiógrafo operativo no suena a euforia institucional sino a alivio contenido. El equipo de hemodinamia —parado por meses, en algunos reportes por más de un año, entre trabas burocráticas, falta de insumos y contratos pendientes con operadores especializados— representa para el trabajador rural algo concreto: la posibilidad de que un infarto o una estenosis coronaria sean diagnosticados y tratados dentro del mismo sistema al que descuenta mes a mes.

"¡Por fin nuestro angiógrafo ya está funcionando!", declaró Isaías Fretes, titular del IPS, en un tono que mezcla celebración y, acaso involuntariamente, confesión de una carencia prolongada.

El recurso en cuestión es el angiógrafo: un equipo de rayos X de alta resolución que permite visualizar en tiempo real el interior de arterias y venas, indispensable para la colocación de stents coronarios y el diagnóstico preciso de enfermedades cardíacas. Sin él, los médicos del IPS debían derivar a los pacientes al sector privado o a hospitales del Ministerio de Salud, con costos que un peón rural asegurado raramente puede absorber y con tiempos de espera que, en eventos coronarios agudos, pueden ser fatales. La hemodinamia no es un lujo: es el estándar mínimo de atención cardiovascular en cualquier sistema de salud moderno.

El impacto sobre la fuerza productiva del campo es más directo de lo que la retórica institucional suele admitir. Las enfermedades cardiovasculares son reconocidas globalmente como una de las principales causas de muerte, y en Paraguay la población rural —expuesta a estrés térmico crónico, trabajo físico extenuante, alimentación con alta carga de grasas animales y acceso irregular a controles preventivos— acumula factores de riesgo que el sistema previsional históricamente ha ignorado en su planificación de infraestructura. Un productor sojero de Concepción o un tambero del norte difícilmente agenda su chequeo cardíaco con la misma naturalidad con que un empleado bancario de Asunción lo hace. Llega cuando el cuerpo ya no aguanta más. Y llegar tarde sin angiógrafo disponible equivale, con frecuencia, a no llegar.

Hay algo que los números nunca capturan del todo: la sensación de estar descubierto. El asegurado rural que descuenta puntualmente cada mes sabe, en el fondo, que ese descuento no garantiza nada concreto cuando el corazón falla. Esa desconfianza no es irracional ni caprichosa — es acumulada. Es el eco de cada vez que llegó a una guardia del IPS y escuchó que el equipo no estaba disponible, que había que derivar, que había que esperar. Es el recuerdo de vecinos que esperaron semanas para una derivación privada que no pudieron costear. La noticia del angiógrafo operativo no borra esa memoria, pero la interrumpe. Y en esa interrupción hay algo parecido al alivio, aunque todavía mezclado con la cautela del que ya aprendió a no celebrar antes de tiempo.

La implicación para los productores va más allá del drama individual. Cada trabajador rural que pierde capacidad laboral por una patología coronaria no tratada a tiempo representa una unidad productiva debilitada, una familia que ajusta su consumo y, en muchos casos, una parcela que reduce su rendimiento. El campo paraguayo no es solo soja de exportación: es también el pequeño productor de Concepción, el agricultor familiar de San Pedro, el asalariado rural que tributa al IPS con la expectativa —hasta ahora parcialmente cumplida— de recibir atención de calidad cuando el cuerpo ceda. La operatividad del angiógrafo no es noticia de salud pública en abstracto; es noticia económica para el agro.

Lo que la declaración de Fretes no dice, pero lo que la realidad del interior del país exige que se diga, es que un solo angiógrafo operativo en Asunción no resuelve la ecuación de acceso. El trabajador rural asegurado de Concepción que sufre un síndrome coronario agudo a las once de la noche no tiene cómo llegar en tiempo útil a la capital. La hemodinamia descentralizada —con equipos en los hospitales regionales del IPS en Concepción, Encarnación o Ciudad del Este— sigue siendo una deuda pendiente que ningún anuncio entusiasta salda por sí solo. El angiógrafo de Asunción es un paso necesario. No es el destino.

La celebración de Fretes es legítima. Que un equipo de esta complejidad técnica vuelva a operar dentro del IPS merece reconocerse. Pero el periodismo que sirve a las comunidades rurales tiene la obligación de encuadrar esa alegría: el campo paraguayo necesita que la previsión social invierta en infraestructura cardiovascular regional con la misma energía con que celebra cada reapertura de quirófano en la capital. Porque el corazón del agro paraguayo late, también, a doscientos kilómetros de la sede central del IPS.

Hay momentos en que una sola frase revela el fondo de un sistema. El martes 2 de junio de 2026, en el Congreso Nacional en Asunción, el diputado Rubén Rubín pronunció una de esas frases que no se pueden desescuchar:

"¿Cuánto vale la vida de los paraguayos para la clase política tradicional? Al parecer vale lo mismo que una vaca, porque eso es lo que pretende hacer este congreso."

El contexto es este: el Parlamento paraguayo analiza elevar las penas por abigeato —el robo de ganado— hasta 15 años de prisión. Al mismo tiempo, el asesino de Fernanda, en el caso que sacudió al país y desató marchas y llantos colectivos, enfrentaría una pena máxima de 8 años. Quince contra ocho. Una vaca contra una mujer. El absurdo no necesita adorno.

Escribo esto desde Concepción, una de las regiones donde la ganadería no es lobby ni cifra de exportación: es el sustento de familias que levantan al alba, que conocen a cada animal por nombre, que cargan pérdidas que el Estado no les compensa nunca. El abigeato en el norte del país es un problema real, sostenido y muchas veces violento. No lo minimizo. Los productores pequeños y medianos pierden cabezas de ganado que representan meses de trabajo, deudas bancarias, el futuro de un hijo. Eso es verdad.

Pero esa verdad no puede ser secuestrada para justificar lo injustificable.

El problema no es que se quiera combatir el robo de ganado. El problema es que se lo hace sin tocar la impunidad que rodea la violencia contra las mujeres. Y esa combinación no es un error técnico del código penal: es una declaración de prioridades. Dice, en voz alta aunque nadie lo diga con esas palabras, que el patrimonio rural importa más que la vida femenina. Que el capital tiene más lobby que el dolor.

Rubín lo dijo con una claridad que rara vez se escucha en ese recinto:

"Se distorsiona todo, es un insulto a nuestras mujeres, es un insulto a la vida de los paraguayos."

Las mujeres paraguayas que hoy leen esta noticia —y que la leen con esa mezcla de rabia contenida y cansancio profundo que ya conocen demasiado bien— no se sorprenden. Llevan años aprendiendo que el sistema no fue diseñado para protegerlas. Cada femicidio que termina en condenas ridículas, cada proceso que se demora, cada fallo que "considera atenuantes", les confirma lo mismo: su vida es negociable. Su miedo, administrable. Su dolor, burocrático.

Y ahora esto: una reforma penal que podría dejar en evidencia, con números fríos, que robar ganado se castiga casi el doble que matar a una mujer.

Desde la perspectiva del productor rural —que es mi perspectiva cotidiana, la que construyo en cada recorrida por los campos del Departamento de Concepción— entiendo la presión que genera el abigeato. Entiendo que hay estancieros que han perdido todo en sucesivas noches de robo organizado, que la cadena va desde el abigeato local hasta redes de tráfico de ganado que cruzan fronteras. No es un delito menor en su impacto económico. Pero tampoco es homicidio.

Lo que el Congreso está haciendo es utilizar el dolor legítimo del sector ganadero para empujar una reforma que no viene acompañada de justicia equivalente para las víctimas de violencia. Es el lobby disfrazado de seguridad. Es la vieja política que sabe exactamente quién tiene voz y quién no.

Rubín también fue directo sobre lo que él cree que merece el crimen contra personas:

"Yo creo firmemente que asesinos y violadores tienen que estar aislados de la sociedad. Creo firmemente que si no es perpetua, asesinos y violadores no es justicia."

Se puede debatir esa posición. Se puede discutir si la perpetua es la respuesta. Pero lo que no se puede debatir es la contradicción de fondo: mientras ese debate sobre penas para asesinos y violadores no avanza, sí avanza la reforma para el abigeato. Esa asimetría no es casual. Es política.

El campo paraguayo merece protección real contra el robo organizado. Las mujeres paraguayas merecen un sistema que no las haga valer menos que una res. Ambas cosas son ciertas. Ambas son urgentes. Y precisamente porque son urgentes, no se puede resolver una ignorando la otra.

Lo que ocurrió en el Congreso el 2 de junio de 2026 no fue solo una denuncia de un diputado. Fue el espejo de un país que todavía no decide qué es lo que más le importa proteger.