Comunidades & Desarrollo Local

Don Bienvenido Ríos, operario jubilado de una curtiembre en el barrio San Pablo de Asunción, aportó al IPS durante treinta y cuatro años. Cuando en 2023 los médicos le detectaron una obstrucción coronaria severa y necesitó un cateterismo diagnóstico urgente, la respuesta institucional fue un papel con una dirección: la de una clínica privada del centro. "Me dijeron que el aparato no funcionaba. No sabía qué era un angiógrafo, pero supe enseguida que era algo caro", recuerda su hija Mirta, que tuvo que pedir un préstamo de cinco millones de guaraníes para cubrir el procedimiento. La historia de Don Bienvenido no es una excepción: es la norma que vivieron miles de familias aseguradas en el período en que el servicio de hemodinamia del IPS operó de forma intermitente o directamente estuvo paralizado.

El angiógrafo es el eje tecnológico del laboratorio de hemodinamia: permite visualizar las arterias coronarias mediante contraste radiológico e intervenir en tiempo real con stents o angioplastias. Sin ese equipo, el IPS —que cubre a cientos de miles de asegurados activos y sus familias— no podía ofrecer el eslabón más crítico de la cadena cardiovascular. Los pacientes con síndromes coronarios agudos quedaban, en la práctica, fuera del sistema que financiaron con sus aportes mensuales durante toda una vida de trabajo. Se los derivaba, se los postergaba, o simplemente morían esperando. Y morían con el carnet del IPS en el bolsillo, ese documento que se supone garantizaba su protección, convertido de repente en papel sin valor frente a la urgencia de un corazón que no admite demoras.

"¡Por fin nuestro angiógrafo ya está funcionando!" — Isaías Fretes, presidente del IPS, al anunciar la reactivación del equipo de hemodinamia.

La declaración de Fretes expresa genuino alivio institucional. Y ese alivio merece ser reconocido: recuperar la operatividad de un equipo de alta complejidad en el sistema público no es trivial en un país donde la inversión sostenida en salud ha sido históricamente insuficiente. Pero la exclamación —su tono de celebración— también revela, sin quererlo, la magnitud del abandono previo. "Por fin" implica una espera. Y esa espera tuvo nombre, dirección, número de cedula y familia que la sufrió en carne propia en los barrios periféricos de Asunción, en ciudades del interior como Encarnación o Coronel Oviedo, donde los asegurados viven lejos de cualquier alternativa privada.

En el barrio Republicano, María de los Ángeles Villalba perdió a su esposo a los cincuenta y ocho años. Era guardia de seguridad, aportante activo. "El cardiólogo del IPS dijo que necesitaba hemodinamia con urgencia. Nos mandaron a buscar turno. Cuando conseguimos el turno, ya era tarde". María habla sin dramatismo, con la calma de quien ha contado esa historia demasiadas veces y ya no le quedan lágrimas para el relato público, solo para las noches. Hay una especie de agotamiento sereno en su voz, el de quien esperó respuesta institucional y aprendió a no esperarla más. No reclama venganza; reclama memoria. "Que no se olviden de lo que pasó cuando el aparato no andaba. Que sepan que eso fue una consecuencia". Una consecuencia. La palabra pesa. No es un accidente, no es mala suerte: es el resultado de decisiones —o de la ausencia de ellas— que alguien, en algún escritorio, tomó o dejó de tomar.

El problema del angiógrafo del IPS no es meramente técnico ni presupuestario en sentido estricto: es la manifestación visible de una gestión institucional que durante años no priorizó la cadena de atención cardiovascular como un derecho exigible. Las enfermedades del corazón son la primera causa de muerte en Paraguay, y la población asegurada —mayoritariamente trabajadores formales de ingresos medios y bajos— es exactamente el grupo con mayor exposición a factores de riesgo metabólico y menor capacidad de solventarse en el sector privado. La brecha no es accidental; es estructural.

Que el angiógrafo funcione hoy es bueno. Que sea noticia es revelador. En un sistema de salud que funciona como debe, la operatividad continua del equipamiento no merece titular: es la condición mínima de existencia, el piso y no el techo. Y sin embargo acá estamos, celebrando el piso. Hay algo desgarrador en eso que los vecinos de los barrios populares sienten sin necesidad de articularlo con palabras técnicas: la certeza de que para ellos siempre el umbral de la normalidad estuvo más alto, más lejos, más difícil de alcanzar.

Lo que los barrios populares esperan ahora no es otra exclamación de alivio sino una promesa verificable: protocolos de mantenimiento preventivo, contratos de servicio técnico activos, stock de insumos garantizado. Esperan, también, con esa desconfianza tan paraguaya que es mezcla de experiencia y resignación aprendida, no volver a escuchar "el aparato no anda" cuando un familiar llegue con el pecho apretado a la guardia del IPS. Esa esperanza —frágil, condicionada, armada a fuerza de decepciones anteriores— es lo que camina ahora por los pasillos del hospital central, entre asegurados que leen la noticia del angiógrafo en el teléfono y se preguntan, sin decirlo en voz alta, cuánto tiempo va a durar esta vez.

Hay frases que llegan y se quedan. Que no se pueden desescuchar. El martes, en la sesión ordinaria del Congreso, el diputado Rubén Rubín pronunció una de esas frases que deberían avergonzar a todo un sistema: "¿Cuánto vale la vida de los paraguayos para la clase política tradicional? Al parecer vale lo mismo que una vaca."

No era metáfora vacía. Era aritmética legislativa. El Congreso paraguayo estaba considerando elevar las penas por abigeato —el robo de ganado— a quince años de prisión. Al mismo tiempo, el hombre que mató a Fernanda enfrentaría una pena máxima de ocho años. Siete años más por un animal que por una mujer. Siete años más por una res que por una hija, una hermana, una vecina.

"Se pretende elevar a 15 años el abigeato, pero el asesino de Fernanda tendrá una pena máxima de 8 años. Estamos todos locos."
— Diputado Rubén Rubín, sesión ordinaria del Congreso, 2 de junio de 2026.

Desde San Juan Bautista, escuchar eso no es escuchar política. Es escuchar algo que ya se sabía, pero que duele diferente cuando lo dice alguien adentro del sistema. Porque en las comunidades que han perdido una mujer al femicidio, el dolor no es abstracto. Tiene nombre. Tiene velorio. Tiene una madre que sigue poniendo la mesa para una persona que ya no va a volver.

Lo que describe Rubín no es solo una distorsión legal. Es un mensaje. Un mensaje que las instituciones mandan, quieran o no, cada vez que los códigos penal quedan así: que la propiedad importa más que la vida de las mujeres. Que el ganado de un estanciero tiene más protección que el cuerpo de Fernanda. Que el Estado llora más rápido por sus vacas que por sus hijas.

Y eso, en una comunidad, lo sienten todas. Las vecinas que caminan de noche con miedo. Las madres que le dicen a sus hijas que tengan cuidado, que no se fíen, que avisen cuando llegan. Las amigas que todavía no entienden cómo alguien pudo hacer eso y va a salir en ocho años. Esa desconfianza no es paranoia. Es la respuesta racional de mujeres que aprendieron, una y otra vez, que el sistema no fue diseñado para protegerlas.

El diputado fue claro en su posición: "Yo creo firmemente que asesinos y violadores tienen que estar aislados de la sociedad. Creo firmemente que si no es perpetua, asesinos y violadores no es justicia." Se puede debatir si la prisión perpetua es la respuesta correcta. Ese es un debate legítimo y necesario. Pero lo que no admite debate es la proporción. Lo que no admite debate es que una ley que castiga más el robo de ganado que el asesinato de una mujer está diciéndole algo muy concreto a todas las mujeres de este país.

Les está diciendo que su vida, medida en años de condena, vale menos que un animal de campo.

El femicidio no destruye solo a la víctima. Destroza el tejido de una comunidad entera. Las que quedan cargan con el duelo, con el miedo, con la rabia y —lo más agotador— con la sensación de que clamar justicia es gritar al vacío. Cuando la ley confirma esa sensación, no con palabras sino con números, el daño se multiplica. La desconfianza se vuelve crónica. El miedo se instala como condición de vida.

Rubín usó la palabra "insulto". "Es un insulto a nuestras mujeres, es un insulto a la vida de los paraguayos." Tiene razón. Pero en los barrios, en los pueblos, en las casas donde todavía se llora a una Fernanda, ese insulto no llega como escándalo parlamentario. Llega como confirmación. Como la enésima prueba de que la clase política no las ve. De que tendrán que seguir cuidándose solas, porque el Estado sigue mirando para otro lado —o peor, mirando el corral.

Una comunidad que pierde a una mujer por femicidio no solo pierde a esa mujer. Pierde algo de su confianza en la justicia, algo de su fe en que las cosas pueden ser distintas. Recuperar eso lleva años. Una ley así lo destruye en una sesión.

Esa dependencia tiene un costo que no aparece en ninguna estadística oficial: el tiempo del viaje, el sobreprecio de "lo que se consigue" frente a lo que realmente se necesita, y la resignación de muchos vecinos del interior a simplemente no acceder a algo que en la capital se consigue sin pensarlo dos veces.

El desarrollo local no siempre se mide en obras grandes — a veces se mide en si un vecino del interior puede comprar lo mismo que uno de la capital, sin viajar.

La logística de envíos nacionales —cuando funciona de verdad, puerta a puerta, en 24 a 48 horas— es una de esas piezas chicas que de a poco achican esa brecha geográfica. Comercios como Buenos Suplementos, que aseguran llegar con pedidos a localidades del interior como San Juan Bautista, Villarrica o Concepción en el mismo plazo que a Asunción, son un ejemplo concreto de cómo la logística privada puede compensar, aunque sea parcialmente, una desigualdad de acceso que el Estado todavía no resuelve del todo.

No es una solución completa ni reemplaza políticas de desarrollo regional real. Pero para el vecino de un pueblo del interior que hoy puede pedir algo puntual por WhatsApp y recibirlo en su casa sin viajar, es un cambio concreto en su día a día. Más información sobre los envíos de suplementos al interior del país está disponible para quien quiera verificarlo.