Educación & Cultura

Hay declaraciones que, en su entusiasmo genuino, contienen más pedagogía cívica que cualquier manual de instrucción ciudadana. La del presidente del Instituto de Previsión Social, Isaías Fretes, al anunciar que el angiógrafo del servicio de hemodinamia finalmente se encuentra operativo, es una de ellas. ¿Por qué alguien celebra con un "¡Por fin!" el funcionamiento de un equipo médico en una institución pública? La respuesta a esa pregunta es el verdadero texto de este artículo.

El IPS es, en teoría, una de las instituciones más sólidas del andamiaje social paraguayo. Fundado en 1943, bajo la presidencia de Higinio Morínigo, fue concebido como el gran pacto entre el trabajador formal y el Estado: el asegurado aporta mes a mes un porcentaje de su salario, y a cambio recibe cobertura médica, jubilación, maternidad y prestaciones de largo aliento. Es, en su estructura original, un modelo de previsión social que muchos países latinoamericanos envidiarían. Sin embargo, la distancia entre la promesa fundacional y la realidad cotidiana de sus afiliados ha sido, históricamente, un abismo que genera resignación antes que indignación.

"¡Por fin nuestro angiógrafo ya está funcionando!" — Isaías Fretes, presidente del IPS

Esa exclamación de Fretes no es el grito de un burócrata insensible. Al contrario: es la expresión de alguien que conoce de cerca los laberintos institucionales y que sabe lo que cuesta mover una pieza dentro de la maquinaria estatal paraguaya. Pero justamente por eso es tan reveladora. Un angiógrafo es un equipo de diagnóstico y tratamiento cardiovascular de alta complejidad. Su disponibilidad no es un lujo: es la diferencia entre detectar a tiempo una obstrucción coronaria o derivar a un paciente a una clínica privada que muchos no pueden costear. Que su puesta en marcha merezca una celebración institucional nos habla de la precariedad crónica que se ha naturalizado en el sistema.

Aquí reside la primera lección de educación cívica que este episodio ofrece: los ciudadanos asegurados tienen derechos, no favores. Cada trabajador en relación de dependencia que aporta al IPS —que mes a mes ve descontada una porción de su salario, tanto del bolsillo propio como del de su empleador— no está recibiendo una dádiva del Estado cuando accede a una consulta o a un procedimiento de hemodinamia. Está ejerciendo un derecho contractual. La confusión entre derecho y favor es uno de los mecanismos más efectivos de dominación simbólica que operan en las democracias con instituciones débiles: cuando el ciudadano agradece lo que ya pagó, cuando aplaude lo que debería haber existido desde siempre, el Estado se libera de rendir cuentas por lo que tardó en entregar. Y ese aplauso, aunque comprensible —porque la espera fue larga y el alivio es real— también es, sin quererlo, una forma de normalizar la demora.

La segunda lección es histórica. Paraguay tiene una larga tradición de Estado patrimonialista, en el que los recursos públicos se gestionan con lógica clientelar antes que con criterio de servicio universal. Esta tradición —que no es exclusiva de ningún partido ni gobierno— explica por qué un angiógrafo puede estar inoperativo durante meses o años sin que eso genere consecuencias institucionales visibles para nadie. Hay algo profundamente triste en ese mecanismo: el paciente que llega al IPS con dolor en el pecho, con la angustia de no saber qué le pasa por dentro, y se encuentra con que el equipo "está en reparación" o "está siendo gestionado", se va a su casa con la incertidumbre intacta y la esperanza un poco más erosionada. No hace una denuncia pública. No exige en los medios. Simplemente vuelve a esperar, porque aprendió que esperar es lo que toca. La ciudadanía, fatigada por décadas de promesas incumplidas, ha aprendido a bajar sus expectativas hasta el nivel del suelo. Y cuando las expectativas son tan bajas, cualquier cosa ordinaria —un equipo que enciende, un turno que se consigue, un medicamento que aparece en la farmacia— se convierte en noticia extraordinaria.

La tercera lección es prospectiva, y es la más urgente: la salud pública no puede depender del voluntarismo de las gestiones de turno. Que el angiógrafo funcione hoy es una buena noticia, y sería mezquino no reconocerlo. Hay familias que llevan meses —quizás más— aguardando un turno para un procedimiento que este equipo hace posible. Para ellas, el anuncio de Fretes no es retórica: es una carga que se levanta, una llamada telefónica que por fin trae una fecha, un poco de oxígeno en medio de la angustia de no saber cuándo. Ese alivio es real y merece ser nombrado. Pero la pregunta que la educación cívica nos obliga a formular es: ¿qué garantías estructurales existen para que siga funcionando mañana, con el siguiente gobierno, con el siguiente presidente del IPS? El paraguayo sabe bien lo que es ilusionarse con un avance institucional para ver cómo se deshace con el cambio de gestión. Esa mezcla de esperanza y desconfianza —ese "ojalá dure" que no termina de volverse certeza— es quizás la emoción más honesta y más extendida que genera esta noticia. La sostenibilidad de los servicios de salud en una institución como el IPS requiere protocolos de mantenimiento, presupuestos blindados y mecanismos de rendición de cuentas que trasciendan las gestiones individuales. Celebrar el "por fin" sin exigir el "para siempre" es quedarse a mitad del camino.

El exclamativo de Isaías Fretes es, en el fondo, un involuntario documento de época. Nos recuerda que en Paraguay aún hay mucho trabajo por hacer para que lo excepcional deje de ser noticia y lo ordinario — un equipo médico funcionando, una consulta sin lista de espera de seis meses, un medicamento disponible en farmacia — se convierta en el piso mínimo irrenunciable de la vida pública. Esa transformación no la hará ningún presidente del IPS solo. La hará una ciudadanía que, en lugar de aplaudir el "por fin", empiece a preguntar con firmeza: ¿por qué tardó tanto?

Hay debates que trascienden el recinto parlamentario y aterrizan, con violencia silenciosa, en los cuadernos de los niños, en las conversaciones de los jóvenes, en el alma de las mujeres paraguayas. El martes 2 de junio de 2026 fue uno de esos días.

En sesión ordinaria del Congreso Nacional, el diputado Rubén Rubín tomó la palabra y dijo lo que muchos pensaban pero pocos se atrevían a nombrar con esa crudeza:

"¿Cuánto vale la vida de los paraguayos para la clase política tradicional? Al parecer vale lo mismo que una vaca, porque eso es lo que pretende hacer este congreso. Este congreso pretende elevar las penas por abigeato a 15 años, pero el asesino de Fernanda tendrá una pena máxima de 8. Estamos todos locos. Se pretende elevar a 15 años el abigeato, pero el asesino de Fernanda tendrá una pena máxima de 8 años... Es un insulto a nuestras mujeres, es un insulto a la vida de los paraguayos."

Permítanme detenerme ahí. No como analista político. Como educador. Como alguien que lleva décadas preguntándose qué aprenden realmente los niños y jóvenes de este país — no de los libros, sino del Estado.

La lección más poderosa no está en el aula. Está en lo que una sociedad decide castigar y lo que decide tolerar. Está en las leyes que aprueba, en las penas que fija, en los valores que codifica en su sistema jurídico. Y cuando ese sistema le dice a un adolescente paraguayo que robar una vaca puede costar el doble de años de cárcel que asesinar a una mujer, le está dando una lección de valores que ningún docente del país va a poder deshacer el lunes siguiente.

Eso es exactamente lo que ocurre cuando el Estado educa al revés.

Paraguay tiene una historia larga y dolorosa con la devaluación de la vida humana. Una historia donde las instituciones tardaron décadas en reconocer que el femicidio siquiera existía como categoría jurídica. Donde las denuncias de violencia doméstica se archivaban con una velocidad inversamente proporcional a la urgencia que merecían. Donde las mujeres aprendieron, generación tras generación, que pedir justicia era un acto de fe ciega en un sistema que con frecuencia les fallaba.

Y ahora, en 2026, ese mismo sistema está a punto de decirles — con la fría objetividad de un artículo legal — que el patrimonio ganadero de una estancia merece más protección penal que su propia integridad. Que su vida, en el balance legislativo, pesa menos que un semoviente.

¿Qué aprende una niña de 12 años cuando escucha esto? ¿Qué aprende un varón de 15 cuando el Estado le confirma, con el peso de la ley, que hay cosas más valiosas que el cuerpo de una mujer? No lo aprende en un discurso de odio ni en un rincón oscuro de internet. Lo aprende de la institución que se supone debe enseñarle en qué tipo de sociedad vive.

La frustración del diputado Rubín no es solo política. Es pedagógica. Es la rabia de quien reconoce que las leyes son, antes que nada, declaraciones de valores colectivos. Y que esta declaración en particular es una declaración de vergüenza.

Las mujeres paraguayas no necesitan estadísticas para sentir lo que este debate implica. Lo sienten en el cuerpo. En la desconfianza que arrastran cada vez que el sistema les pide que confíen en él. En el miedo que no desaparece porque el marco legal que debería protegerlas sigue siendo un edificio con grietas estructurales. En la rabia que no cabe en 280 caracteres pero que se acumula, silenciosa y legítima, desde hace demasiados años.

"Asesinos y violadores tienen que estar aislados de la sociedad", dijo Rubín. Tiene razón. Pero la pregunta más profunda es anterior a la sentencia: ¿qué tipo de sociedad produce esta distorsión? ¿Qué tipo de cultura política llega a un recinto legislativo y, sin pestañear, equipara el robo de ganado con el asesinato de una persona?

La respuesta está en décadas de una educación cívica que enseñó a respetar la propiedad antes que la persona. Que formó dirigentes que conocen el precio del ganado pero ignoran el peso de la impunidad. Que construyó un Estado con reflejos patrimoniales y reflejos humanos atrofiados.

El aula puede hacer mucho. Los docentes paraguayos trabajan todos los días contra corriente, enseñando empatía, derechos, dignidad. Pero hay una pedagogía que el aula no puede vencer sola: la del ejemplo institucional. La del mensaje que el Estado manda cuando decide, con toda la solemnidad de una sesión ordinaria, que una vaca vale más que Fernanda.

Esa lección, lamentablemente, ya fue impartida. Ahora la pregunta es si habrá suficientes voces — en el Congreso, en la calle, en las escuelas — dispuestas a corregirla.