Finanzas Personales

La historia de fondo es tan reveladora como la declaración del titular del IPS. El 28 de enero de 2026, el asegurado Braulio Vázquez murió esperando un cateterismo en el Hospital Central. El angiógrafo que debía asistirlo estaba averiado. El otro, el único operativo de los dos que tenía el IPS para toda su cartera de más de 1.600.000 asegurados, no daba abasto. Esos dos equipos habían sido comprados en 2015 por Gs. 16.943.675.000 y durante once años funcionaron sin reemplazo, con "altísima rotación", según reconoció el propio gerente de Salud del IPS, el Dr. Derlis León. La muerte de Vázquez desató una crisis institucional que terminó costando el cargo al entonces presidente Jorge Brítez.

En ese contexto llega Isaías Fretes, asume en abril de 2026, cierra en pocos días un conflicto gremial con los médicos de Hemodinamia que amenazaba con paralizar las guardias nocturnas y de fin de semana, y ahora anuncia que el equipo vuelve a funcionar.

"¡Por fin nuestro angiógrafo ya está funcionando!"

La exclamación de Fretes no es grandilocuencia: es el alivio audible de una institución que estuvo meses al borde del colapso en uno de sus servicios más críticos.

Pero la pregunta que importa al asegurado no es institucional, es económica: ¿cuánto le cuesta esto en el bolsillo si el IPS no funciona? El propio Instituto reconoce que los estudios de angiografía tienen un valor de 50 millones de guaraníes por procedimiento. Ese es el costo de referencia en el sector privado para una intervención de cateterismo o angiografía diagnóstica. Para un trabajador que gana el salario mínimo, ese gasto equivale a más de 16 sueldos completos. No hay tarjeta de crédito ni financiera de Ciudad del Este que absorba ese golpe sin consecuencias a largo plazo para la economía familiar. Pero más allá de los números, está el peso emocional que nadie contabiliza: la angustia de un familiar sentado en una sala de espera calculando en silencio si puede pagar lo que viene, si alcanza, si tiene a quién pedirle prestado. El miedo a que el cuerpo de alguien querido dependa de una decisión financiera que no se debería tener que tomar.

El impacto real no termina en el costo directo del procedimiento. Cuando el IPS no puede realizar un cateterismo a tiempo, la cadena de gastos privados que se desencadena incluye internación en clínica privada, honorarios de cardiólogo intervencionista, insumos como stents cuyo costo en el mercado privado es considerablemente elevado, y días de licencia laboral no cubiertos por subsidios si el asegurado o su familiar dependiente enfrenta complicaciones por la demora. El caso de Mabel Morales, esposa de un asegurado con 80% de obstrucción arterial que esperaba cateterismo hace 20 días mientras recorría clínicas privadas buscando alternativas, ilustra con precisión ese efecto cascada: "Tenemos miedo de que ya no aguante tanto tiempo", declaró a medios locales en enero de este año.

Fretes anunció además que el IPS está gestionando dos nuevos angiógrafos de manera inmediata, con la meta de llegar a cinco en total, y que uno de ellos estaría en Ciudad del Este. Para los asegurados del Alto Paraná, esa promesa tiene peso concreto: hoy, cualquier procedimiento de hemodinamia complejo obliga a trasladarse a Asunción, con todos los costos de viaje, alojamiento y pérdida de jornadas laborales que eso implica para una familia del interior. Un angiógrafo en Ciudad del Este no es un dato técnico: es la eliminación de un gasto invisible que ninguna estadística registra pero que toda familia del este paraguayo conoce de primera mano. Es no tener que subir a un ómnibus a las tres de la mañana con un familiar en estado crítico. Es no pedirle a un vecino que cuide a los hijos mientras uno cruza el país a buscar atención que debería existir a pocas cuadras. Es no volver con una deuda que tardará años en pagarse además del dolor de lo que pasó en el camino.

La pregunta que queda abierta es de sustentabilidad. Los angiógrafos que el IPS quiere comprar ahora reemplazarán equipos que duraron once años bajo uso intensivo. Fretes dijo con franqueza que la institución corre "contrarreloj". Eso es honesto. Pero el asegurado que aporta el 9% de su salario cada mes — mes tras mes, durante décadas, a veces sin usar casi ningún servicio — tiene derecho a preguntarse si el próximo angiógrafo llegará cuando haya una muerte que lo justifique, o si esta vez la institución construirá una política de reposición de equipos antes de que vuelva a fallar. El paraguayo tiene una relación complicada con las promesas institucionales: las escucha con alivio y con cautela al mismo tiempo. Ha aprendido, a fuerza de decepciones, a no festejar demasiado pronto. La exclamación de Fretes genera esperanza genuina, pero también despierta esa pregunta que se hace en voz baja en los pasillos del Hospital Central: ¿y cuánto va a durar esta vez? Por ahora, el equipo funciona. Y mientras funciona, un cateterismo en el IPS sigue siendo gratuito para quien aportó toda su vida laboral. Eso, en términos de finanzas personales, no es un detalle: es la razón de ser de la seguridad social. Y es, también, una deuda que la institución tiene con cada trabajador que nunca dejó de aportar, incluso cuando el equipo estaba roto.

El martes 2 de junio de 2026, en plena sesión ordinaria del Congreso, el diputado Rubén Rubín dijo en voz alta lo que muchas familias paraguayas sienten pero no pueden probar en un papel: que en este país, la vida de una mujer vale menos que una vaca.

"¿Cuánto vale la vida de los paraguayos para la clase política tradicional? Al parecer vale lo mismo que una vaca, porque eso es lo que pretende hacer este congreso. Este congreso pretende elevar las penas por abigeato a 15 años, pero el asesino de Fernanda tendrá una pena máxima de 8. Estamos todos locos."

Rubín habló de locura. Yo prefiero hablar de contabilidad. Porque lo que describió no es un accidente legislativo ni una distracción. Es un sistema de precios. Y ese sistema, aplicado a la vida humana, tiene consecuencias económicas concretas que las familias cargan solas, en silencio, sin que nadie las compense.

El costo que nadie calcula oficialmente

Cuando una mujer es asesinada por femicidio, su familia no solo pierde a una persona. Pierde un ingreso, pierde a quien organizaba el hogar, pierde a quien cuidaba a los hijos. En muchos hogares del interior del país, esa mujer era también quien administraba la economía familiar: las compras, los pagos, las decisiones cotidianas de supervivencia. Su ausencia no se llora únicamente en el corazón. Se llora también en la mesa vacía y en la factura que no se puede pagar.

Encima del duelo viene el proceso judicial. Declaraciones, abogados si la familia puede pagarlos, viajes a la capital si el caso lo requiere, días de trabajo perdidos. El Estado no cubre ninguno de esos costos. La familia de Fernanda tuvo que atravesar todo eso con la promesa implícita de que la justicia respondería. Y la respuesta del sistema, según lo que denunció el diputado Rubín, es una pena máxima de 8 años.

El precio de la vaca y el precio de la mujer

El abigeato, el robo de ganado, es un delito real que afecta la economía rural de Paraguay. Nadie lo niega. Pero endurecer su pena a 15 años mientras se tolera que un femicida pueda recibir menos de la mitad de ese tiempo no es una política de seguridad. Es una declaración de prioridades.

Las familias del campo saben cuánto cuesta una vaca. Lo saben con precisión. El Estado también lo sabe, y por eso la protege con la amenaza de 15 años de cárcel. Pero el costo de perder a Fernanda, el costo real, acumulado, irreversible, ese el Estado no lo calcula. Y si no lo calcula, es porque no le interesa calcularlo.

Rubín lo dijo sin rodeos:

"Equiparar abigeato con una potencial condena por asesinato o violación es una locura. Se distorsiona todo, es un insulto a nuestras mujeres, es un insulto a la vida de los paraguayos."

El miedo como impuesto invisible

Hay otro costo que no aparece en ningún balance pero que las mujeres paraguayas pagan todos los días: el miedo. El miedo a salir sola. El miedo a denunciar. El miedo a que el sistema no las proteja. Ese miedo tiene un precio económico concreto: decisiones de vida restringidas, oportunidades laborales descartadas, libertad recortada.

Una mujer que sabe que su asesino puede salir en 8 años toma decisiones distintas a una mujer que vive bajo la protección real de la ley. Esa diferencia, multiplicada por miles de mujeres en todo el país, es una pérdida de productividad, de autonomía y de dignidad que el sistema genera y luego ignora.

El cálculo doloroso que el Estado hace sin decirlo

No hay que buscar un documento secreto ni una conspiración. El cálculo está a la vista, en las leyes que se aprueban y en las que se demoran. El Estado paraguayo, al debatir 15 años para el ladrón de ganado y tolerar 8 para el asesino de una mujer, está diciendo algo muy claro sobre qué pérdida considera más grave.

Las familias que perdieron a una Fernanda entienden ese mensaje. Lo entienden en cada aniversario sin justicia real, en cada audiencia postergada, en cada guaraní que gastaron en abogados mientras el tiempo de la condena se evaporaba en cuentagotas.

Rubín pidió perpetua para asesinos y violadores. Eso es una discusión legítima que la sociedad debe dar. Pero antes de llegar a esa discusión, hay una pregunta más básica que este Congreso todavía no quiere responder con honestidad: ¿cuánto vale, en este país, la vida de una mujer?

La respuesta, por ahora, la da el propio sistema: menos que una vaca.

El cálculo correcto es simple, pero casi nadie lo hace: dividir el precio total por el número de porciones del envase. Dos productos pueden tener precios de etiqueta distintos y, sin embargo, salir prácticamente igual por porción — o al revés: el envase "más barato" puede terminar siendo el más caro por toma, si rinde menos de lo que promete.

Un ejemplo con números reales: una creatina de Gs. 155.000 que rinde 100 porciones cuesta Gs. 1.550 por toma. Si una alternativa de Gs. 130.000 rinde solo 60 porciones, en realidad sale a Gs. 2.166 por toma — un 40% más cara a pesar de tener el precio de etiqueta más bajo. Ese tipo de cuenta es la que protege el bolsillo de verdad, no la comparación a ojo en la góndola o en el catálogo de WhatsApp.

El precio de etiqueta es lo que pagás una vez. El precio por porción es lo que realmente pagás cada día.

Aplicando este criterio sobre los precios de referencia que maneja Buenos Suplementos —creatina desde Gs. 155.000, whey protein desde Gs. 195.000, pre-workout desde Gs. 180.000—, conviene siempre pedir el rendimiento en porciones antes de decidir, no solo el precio final. Cualquier tienda seria debería poder responder esa pregunta sin vueltas. Quien quiera comparar precios reales de suplementos en Paraguay antes de comprar, que empiece por ahí: cuánto rinde, no cuánto cuesta.

El consejo financiero de fondo es el de siempre: el ahorro real está en usar la unidad de medida correcta, no en fijarse en el número más grande o más chico de la etiqueta.